BASTÍAS: DENUNCIAS, MENTIRAS Y EL PRECIO DE LA HERENCIA ALBERTISTA

La herencia albertista en La Punta no es solo un apellido: es un método. Un concejal del PJ, ungido por Alberto Rodríguez Saá, acumula escándalos que van de maniobras inmobiliarias con viviendas sociales a una trompada en el Concejo y un presunto cobro por un arreglo de auto que nunca existió. Mientras promete “ad honorem” y termina percibiendo la dieta completa.

Martín “Tincho” Bastías asumió como concejal del bloque Justicialista en diciembre de 2025 con un discurso rotundo: trabajaría gratis. Cuatro meses después cobra su sueldo mensual desde el primer día. No es un detalle. Es el primer capítulo de una serie de contradicciones que hoy lo tienen con dos causas penales abiertas y una pregunta que los vecinos ya se hacen en voz alta: ¿hasta cuándo?

Bastías no llegó al Concejo por casualidad. Es presidente del PJ seccional La Punta y militante orgánico del albertismo. En mayo de 2025, cuando todavía era candidato, un periodista local lo señaló como el hombre sin trabajo formal que, sin embargo, acumulaba propiedades. La acusación fue concreta: compraba, remodelaba y revendía viviendas sociales destinadas a familias vulnerables. Operaciones rápidas, sin pagar tasas municipales, en un esquema que recordaba demasiado los viejos hábitos de impunidad que se le reprochaban a su mentor político. Una autoridad del PJ local, Romy Ávila de Ojeda, renunció entonces en protesta: “No representan los valores del partido”.

En marzo de 2026 llegó la segunda estación. Tras la primera sesión ordinaria del año, el secretario legislativo Juan Pablo Martínez lo denunció por insultos (“cagón”, “puto”, “pobre de mierda”, “vendido”), amenazas (“Te voy a matar”, “Donde te vea te voy a hacer re cagar”) y un puñetazo en el mentón. La Justicia de Garantía N°2 le impuso restricción de acercamiento por tres meses. Bastías negó la agresión física —admitió solo un “cruce de palabras”— y aseguró que todo era una maniobra para tapar sus denuncias sobre irregularidades en el balance municipal. El senador Martín Olivero, del mismo espacio, condenó el hecho sin matices.

El 29 de abril, mientras la restricción judicial seguía vigente, estalló la tercera denuncia. La vecina Cristina Garro lo acusó de estafa en la causa penal Nº 467071/25. Le entregó 1.800.000 pesos (actualizados a unos 2.500.000) para reparar su auto. El trabajo nunca se hizo. Los reclamos, tampoco fueron atendidos. Hasta ayer, Bastías guardaba silencio público sobre esta acusación.

Lo que no se dice en voz alta es tan elocuente como lo que se publica. El PJ de La Punta, que lo impulsó y lo mantiene como presidente seccional, no emitió un solo comunicado. El exgobernador Alberto Rodríguez Saá, que lo bendijo como su candidato, tampoco. En la oposición local, Bastías se presenta como el fiscal implacable de los “gastos millonarios sin comprobantes” y de la falta de viviendas (2000 familias esperando, 20 casas entregadas en tres años). Pero su propia conducta levanta la misma sospecha que él denuncia en los otros.

La herencia de Rodríguez Saá en San Luis siempre tuvo dos caras: obras visibles y un estilo de poder donde la lealtad pesaba más que la pulcritud. Bastías es, hoy por hoy, la versión municipal de esa herencia. Un concejal que critica el clientelismo ajeno mientras acumula causas propias. Un opositor que promete austeridad y termina cobrando. Un dirigente que habla de transparencia y responde con silencio cuando le toca rendir cuentas.

¿Debería el pueblo de La Punta pedir su renuncia? La pregunta ya no es retórica. Es la que queda flotando después de cada nueva nota. Porque si la política local sigue siendo este juego de espejos —donde todos denuncian y nadie se mira al espejo—, entonces la verdadera herencia desastrosa no es solo de Alberto. Es de todos los que, sabiendo cómo termina la película, deciden volver a proyectarla.