SOMBRAS EN VIALIDAD PBA: LICITACIONES FRENADAS Y SOSPECHAS DE MANIPULACIÓN EN LA OBRA PÚBLICA

La obra pública en la provincia de Buenos Aires se encuentra bajo un manto de incertidumbre. En distintos organismos gubernamentales comienzan a acumularse expedientes paralizados, licitaciones con prórrogas inexplicables y adjudicaciones que nunca llegan a concretarse. Esta parálisis administrativa ha encendido las alarmas en el sector de la construcción y genera fuertes cuestionamientos políticos sobre el manejo de la infraestructura estratégica bonaerense.

Un patrón de demoras masivas

Empresarios y técnicos del sector ya hablan de un escenario marcado por expedientes en “stand-by” y revisiones permanentes. Entre las obras de alto impacto que se encuentran bajo observación y con demoras significativas, se destacan:

• Mar del Plata: La segunda etapa de la histórica rambla.
• General San Martín: El paso bajo nivel Perdriel, cuya apertura de ofertas económicas fue postergada hasta abril de 2026 alegando “cuestiones operativas”.
• La Plata: La avenida 520, ejecutada por la empresa Briales SA. La falta de avances desde hace más de un año y medio motivó a la legisladora Julieta Quintero Chasman a presentar un pedido de informes.
• Infraestructura social: Múltiples proyectos escolares y sanitarios demorados bajo la justificación de readecuaciones presupuestarias.

El escándalo en Pilar: Ahorro millonario trabado en Vialidad

El caso que mayor controversia despierta actualmente dentro de la Dirección de Vialidad bonaerense es una megaobra en el partido de Pilar, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se trata de la ampliación de la avenida Doctor Arturo Frondizi (colectora RN 8).

A pesar de que la comisión evaluadora emitió un dictamen mayoritario recomendando adjudicar los trabajos a la UTE conformada por Lázaro Construcciones SA, Kavos SA y Usimix SRL, el expediente se encuentra frenado. La inacción resulta llamativa, especialmente al observar los números de la licitación:

La oferta de la UTE se ubicó un 31% por debajo del presupuesto oficial y cumplió con todos los requisitos técnicos, financieros y administrativos. El único error reportado fue tipográfico y fue rápidamente subsanado por la empresa.

Dictámenes cruzados y el apuntado

Todas las miradas de este estancamiento apuntan a la gestión de Roberto “Roni” Caggiano, actual administrador de Vialidad bonaerense.

Pese a que el dictamen de mayoría destaca que la firma califica para ejecutar la obra y representa la opción que “mejor satisface los intereses del Estado provincial”, la adjudicación no avanza. La excusa técnica radica en un dictamen de minoría emitido por el ingeniero Vicente “Titi” Ippólito —un hombre cercano a Caggiano—, quien objetó la “metodología de incorporación de la documentación” para frenar la recomendación.

Mientras el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, mantienen un discurso público enfocado en la transparencia y la continuidad de la obra pública, la realidad dentro de Vialidad parece regirse por otros intereses. Con una oferta validada y un ahorro multimillonario sobre la mesa, la gran pregunta que resuena en los pasillos de la provincia es: ¿A quién beneficia que esta obra no avance?

Fuente: Realpolitik.com.ar