ALERTA POR ESPIONAJE INTERNO: LA NUEVA RESOLUCIÓN DE DEFENSA QUE DESATA EL MIEDO AL CONTROL MILITAR EN ARGENTINA

El Ministerio de Defensa, conducido por Carlos Presti, encendió las alarmas políticas y constitucionales tras la publicación de la resolución 323/2026. Esta normativa, fundamentada en el polémico DNU 941/2025, amplía drásticamente las facultades de contrainteligencia de las Fuerzas Armadas, eliminando limitaciones históricas y despertando el fantasma del espionaje interno en el país.

El fin del control civil y la autonomía militar

La nueva resolución establece la creación del Sistema de Inteligencia de Defensa (SIDEF), integrando la inteligencia del Estado Mayor Conjunto con la de cada una de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el punto que genera mayor preocupación es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar —un órgano que dependía directamente del Ministerio de Defensa y garantizaba el control político— para traspasar sus funciones a la cúpula militar.

Además, el artículo 11 de la norma instaura una “doble dependencia” informativa, obligando al organismo a reportar tanto al Ministro como al Jefe del Estado Mayor Conjunto. Para los analistas, esta redacción debilita la autoridad civil y le devuelve a las Fuerzas Armadas una autonomía que la democracia argentina había logrado desterrar hace décadas.

Zonas grises: Crimen organizado y el “campo cognitivo”

Los críticos de la medida advierten sobre dos áreas sumamente peligrosas donde la resolución cruza límites legales:

1. Seguridad Interior: La norma habilita a la contrainteligencia militar a actuar frente al crimen organizado cuando este busque “debilitar el poder militar”. Esto choca frontalmente con la Ley de Seguridad Interior (24.059), que prohíbe expresamente la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna.
2. Guerra Cognitiva y Medios Críticos: En sus fundamentos, la resolución habla de defenderse de operaciones en el “campo cognitivo” y herramientas destinadas a “afectar la credibilidad institucional y la cohesión social”. Expertos temen que esta ambigüedad lingüística sirva de excusa legal para habilitar el espionaje y la persecución estatal sobre periodistas, opositores o medios de comunicación críticos, bajo la falsa premisa de que representan una amenaza “paraestatal” o “extranjera”.

El Congreso desplazado

El cambio estructural impulsado por la gestión libertaria rompe con el consenso político que había logrado la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional en su momento. La oposición y expertos constitucionalistas, amparándose en el artículo 75 de la Carta Magna, denuncian que el Poder Ejecutivo está legislando por decreto sobre la organización de las Fuerzas Armadas, una potestad exclusiva del Congreso de la Nación.

En medio de acusaciones públicas cruzadas y un alineamiento del gobierno nacional con la agenda de seguridad de Estados Unidos, la resolución 323/2026 marca un profundo retroceso institucional. El debate queda planteado: bajo la excusa de modernizar la defensa, ¿se está pavimentando el camino para que los militares vuelvan a investigar a los ciudadanos en Argentina?

Fuente: Realpolitik.com.ar