AMENAZAS ESCOLARES: QUITA DE BENEFICIOS Y PADRES A LA JUSTICIA
El Gobierno provincial endureció las sanciones tras las falsas amenazas de tiroteos. Además de perder las “Estampillas”, los alumnos enfrentan causas penales y sus familias multas contravencionales.
La respuesta oficial ante la ola de intimidaciones en los colegios fue drástica: 34 alumnos ya quedaron fuera del sistema de beneficios escolares. La medida, ejecutada por el Ministerio de Educación en conjunto con Seguridad y la Justicia, busca cortar de raíz los desafíos virales que paralizaron instituciones educativas en los últimos días.
Castigo económico y penal
La sanción más inmediata es la pérdida de las Estampillas de Ahorro, pero el conflicto no termina ahí. Al tratarse de delitos de intimidación pública, el Ministerio Público Fiscal ya tiene las denuncias en curso.
Lo más relevante para las familias es el giro en la responsabilidad: los padres o tutores legales deberán responder ante la Justicia Contravencional. Esto implica que el accionar de los menores tendrá consecuencias legales y probablemente económicas directas para los adultos a cargo.
Tolerancia cero en las aulas
- Protocolo GUIARSE: Se activaron más de 70 mecanismos de respuesta rápida para blindar los establecimientos.
- Investigación abierta: Las autoridades siguen rastreando redes sociales para identificar a más responsables de situaciones similares en otras escuelas.
- Bienestar Escolar: Equipos profesionales ya trabajan en las instituciones afectadas para recuperar la normalidad y la convivencia.
La advertencia de las autoridades es clara: lo que los estudiantes consideran un “juego” digital tiene consecuencias reales, permanentes y afecta directamente al bolsillo y la libertad de sus familias.
