RUTA DEL DINERO: CASACIÓN VA POR LAS PROPIEDADES DE LOS KIRCHNER Y BÁEZ
La Justicia ejecutará 111 inmuebles para resarcir al Estado por un fraude de $685.000 millones. La medida alcanza a propiedades de la expresidenta, de Máximo y Florencia Kirchner, y del empresario Lázaro Báez.
En un fallo de alto impacto institucional, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los últimos planteos de las defensas y ordenó avanzar con el decomiso de un centenar de propiedades en el marco de la condena por la Causa Vialidad. El objetivo es recuperar los fondos desviados mediante el esquema de corrupción en la obra pública de Santa Cruz.
El detalle de los bienes afectados
La resolución de la Sala IV afecta un patrimonio millonario distribuido de la siguiente manera:
- Entorno Kirchner: Se decomisará una propiedad de la exmandataria y 19 inmuebles adjudicados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
- Grupo Báez: La medida recae sobre 84 inmuebles del empresario Lázaro Báez y propiedades de sus firmas, como Austral Construcciones y Kank y Costilla.
El argumento de los jueces
A pesar de que las defensas argumentaron que muchos bienes fueron heredados de Néstor Kirchner o adquiridos previamente, los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña sostuvieron que existe una “vinculación económica razonable” entre el crecimiento patrimonial y la maniobra ilícita.
“Exigir un rastreo perfecto del dinero es materialmente imposible y terminaría vaciando de contenido el decomiso”, sentenciaron los magistrados, ratificando que los activos de origen ilícito pueden ser ejecutados incluso si fueron transferidos o heredados por terceros.
Situación actual de los condenados
La causa Vialidad, que investigó el direccionamiento de obras con sobreprecios a favor de Báez, derivó en la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Actualmente, la expresidenta cumple dicha pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Constitución.
Los bienes decomisados quedarán bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que se encargará de su administración y posterior remate para devolver el dinero al Tesoro Nacional.
