ALFABETIZACIÓN POR LEY: POGGI BUSCA QUE “QUEREMOS APRENDER” SEA POLÍTICA DE ESTADO
El Gobernador firmó el proyecto para institucionalizar el programa de lectura y escritura. El objetivo es blindar la metodología frente a futuros cambios de gestión, tras haber logrado duplicar la cantidad de alumnos que alcanzan los conocimientos básicos en solo un año.
El Gobierno de San Luis elevó a la Legislatura una iniciativa clave para el futuro educativo de la provincia: convertir el programa “Queremos Aprender” en ley. Con esta medida, el gobernador Claudio Poggi busca que el fortalecimiento de la alfabetización inicial y la comprensión lectora trascienda los mandatos políticos y se consolide como una base innegociable del sistema escolar.
La ciencia detrás de la lectura
El programa no es una elección azarosa; se basa en investigaciones científicas sobre la conciencia fonológica y el desarrollo del vocabulario desde el Nivel Inicial. La premisa oficial es clara: sin una comprensión lectora sólida en los primeros años, el resto del aprendizaje escolar está condenado al fracaso.
“Garantizar que los estudiantes comprendan lo que leen es una prioridad absoluta para evitar el fracaso escolar y fomentar la inclusión social”, sostienen desde el Ejecutivo.
Resultados que avalan el proyecto
El ministro de Educación, Guillermo Araujo, aportó cifras contundentes para justificar la necesidad de la ley:
- El punto de partida: Al inicio de la gestión, solo el 30% de los chicos alcanzaba los conocimientos esperados.
- El avance: Tras un año de aplicación del programa, se logró duplicar el número de alumnos con niveles óptimos de aprendizaje en el primer ciclo.
Ejes centrales de la ley
El proyecto no solo busca la permanencia del plan, sino que garantiza los recursos para que funcione:
- Capacitación obligatoria: Herramientas constantes para los docentes en nuevas estrategias de aula.
- Material didáctico garantizado: Entrega de libros y recursos específicos para cada alumno y maestro.
- Monitoreo constante: Evaluación de resultados para medir el progreso real de los estudiantes.
Con la firma de este proyecto, San Luis apuesta a que el dominio del lenguaje deje de ser una variable de turno y se convierta en un derecho adquirido y protegido por el Estado para todos los niños sanluiseños.
