UN CONCEJAL, UNA DENUNCIA POR ESTAFA Y EL SILENCIO OFICIAL: EL CASO BASTÍAS ESCALA EN LA PUNTA

Una vecina denunció al edil y presidente local del PJ por haber cobrado más de $1,8 millones por un arreglo automotor que nunca se habría realizado.
La causa ya está en la Justicia y expone un patrón de acusaciones previas que, hasta ahora, no habían llegado a tribunales.

El concejal de la ciudad de La Punta, Bastías, quedó bajo investigación judicial tras ser denunciado por una presunta estafa vinculada a un servicio automotor que, según la denunciante, jamás se concretó. El expediente Nº 467071/25, impulsado por Cristina Garro, plantea una acusación directa: el cobro de una suma millonaria sin contraprestación. El caso no solo involucra un conflicto entre particulares, sino que abre interrogantes sobre la conducta de un funcionario en ejercicio y su impacto en la vida institucional local.

El expediente judicial detalla que la denunciante habría entregado al concejal la suma de $1.800.000 para la reparación de su vehículo. La cifra, actualizada, rondaría hoy los $2.500.000. El problema, según consta en la presentación, es que el trabajo nunca se habría realizado.

Garro sostiene que, tras múltiples reclamos, Bastías no solo no cumplió con el servicio acordado, sino que tampoco devolvió el dinero. La situación, de confirmarse, encuadraría en una maniobra típica: cobro anticipado sin ejecución del servicio.

El dato no es menor. Bastías no es un particular. Es concejal en funciones y, además, presidente del Partido Justicialista en el ámbito local. Es decir, ocupa un doble rol de representación política y conducción partidaria.

En ese contexto, la causa adquiere otra dimensión. No se trata solo de una denuncia económica, sino de un posible conflicto entre la conducta privada y la responsabilidad pública.

Fuentes del ámbito político local señalan que no sería la primera vez que el nombre de Bastías aparece vinculado a situaciones controvertidas. En particular, mencionan versiones sobre supuestas maniobras en operaciones inmobiliarias, vinculadas a la compra y venta de viviendas sociales.

Hasta ahora, esas versiones no habían trascendido el terreno informal. El expediente judicial marca un punto de inflexión: por primera vez, la discusión se traslada al ámbito institucional.

Mientras tanto, el concejal no emitió declaraciones públicas. Tampoco hubo posicionamientos formales desde el espacio político que conduce.