En la provincia de Jujuy, Argentina, se registraron violentos enfrentamientos y una represión policial durante manifestaciones que tuvieron lugar en rechazo a una reforma constitucional propuesta por el gobernador Gerardo Morales.

Los incidentes comenzaron cuando cientos de manifestantes se dirigían hacia la Legislatura provincial, donde se estaba llevando a cabo la aprobación y juramentación de la polémica reforma constitucional. Efectivos de infantería de la policía jujeña respondieron lanzando balas de goma y gases lacrimógenos a los manifestantes, en medio de un clima de tensión creciente.

Según informes, más de 170 personas resultaron heridas durante los enfrentamientos. Uno de los heridos, identificado como Nelson Mamaní, sufrió un traumatismo craneal grave y fue trasladado de urgencia al hospital. Organismos provinciales de derechos humanos también denunciaron la detención de varios miembros de la agrupación HIJOS-Jujuy, incluyendo a testigos protegidos en causas por delitos de lesa humanidad.

La represión policial se extendió por más de cuatro horas, abarcando distintas calles de la capital jujeña. Además de los efectivos de infantería, se sumaron al enfrentamiento miembros del Grupo Especial Motorizado. Durante los disturbios, se lanzaron gases lacrimógenos, piedras con hondas y balas de goma, generando una significativa cantidad de heridos provenientes de diferentes sectores.

Mientras tanto, en el interior de la Legislatura provincial, los convencionales constituyentes, tanto oficialistas como del Frente Justicialista, aprobaron y juraron la reforma constitucional en sesión cerrada. La medida incluyó una marcha atrás en dos artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.

Las protestas y cortes de ruta se replicaron en diversas localidades de Jujuy, con participación de docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales y organizaciones sociales y sindicales. Ante la represión sucedida, los gremios convocados frente a la Casa de Gobierno local exigieron el cese inmediato de la violencia y anunciaron un paro total de actividades. También solicitaron que la medida se extienda a nivel nacional.

En respuesta a los acontecimientos, el Gobierno jujeño decretó un asueto administrativo y escolar para el día siguiente, como medida de precaución y en atención a los sucesos recientes.

Los hechos ocurridos en Jujuy han generado una gran preocupación por el respeto a los derechos humanos y la necesidad de fomentar un diálogo pacífico en la resolución de conflictos políticos. La situación continúa siendo monitoreada de cerca por los organismos de derechos humanos y la sociedad en general.

Nota: Esta es una nota informativa basada en la información proporcionada por Télam.