GOLPE INSTITUCIONAL POR LA “CAJA”: ALBERTO RODRÍGUEZ SAÁ BUSCA DESTITUIR A LA INTENDENTA DE POTRERO DE LOS FUNES

Apenas dos semanas después del trágico fallecimiento del intendente Ignacio “Nacho” Olagaray, el albertismo desató una feroz embestida política en Potrero de los Funes. Desesperados por recuperar el control de los fondos públicos, concejales que responden al exgobernador Alberto Rodríguez Saá y al exintendente Daniel Orlando orquestan una maniobra desestabilizadora para desplazar a la intendenta constitucional, Cristina Vallejo, y apropiarse de la caja municipal.

La urgencia por los fondos: El verdadero motivo del golpe

Detrás del repentino apuro por forzar un llamado a elecciones no existe una defensa de la institucionalidad, sino una evidente y desesperada necesidad económica. El espacio político de Alberto Rodríguez Saá, asfixiado por la pérdida de poder y de recursos a nivel provincial, ha puesto en la mira las arcas de Potrero de los Funes.

Aprovechando el luto local y el proceso de transición, el PJ albertista y las fuerzas de Daniel Orlando buscan dar un golpe de mano para arrebatarle el Ejecutivo al Frente Ahora San Luis —que había ganado legítimamente en las urnas— y utilizar la tesorería del municipio para oxigenar y financiar su propia estructura política.

Borrar con el codo lo que firmaron con la mano

El accionar de la oposición no solo es desestabilizador, sino que exhibe una hipocresía institucional sin precedentes. El pasado 8 de mayo, durante la sesión extraordinaria N°9, la totalidad de los concejales (incluidos los que hoy impulsan el golpe) firmaron el acta que avalaba la sucesión legal.

En ese documento, los ediles reconocieron la “vacancia definitiva” tras la muerte de Olagaray el 5 de mayo y le tomaron juramento a Cristina Vallejo (entonces presidenta del Concejo), dejándola “formalmente en posesión del cargo de intendenta municipal”.

Sin embargo, apenas 12 días después de haber convalidado el procedimiento, los ediles Soledad Ríos (Compromiso Federal), Navila Bustos Zúcaro y Marcelo De La Reta (Potrero Activo) dieron un giro de 180 grados. A través de una insólita “acta aclaratoria y rectificatoria”, intentaron rebajar a Vallejo al título de “intendenta interina y provisoria”, exigiéndole que llame a elecciones en un plazo no mayor a 60 días y dándole un ultimátum de 5 días para fijar la fecha.

La Constitución frena la embestida

El intento de tomar el poder político de manera abrupta y por fuera de las leyes choca de frente con la Carta Magna de la Provincia de San Luis. El mecanismo de sucesión aplicado para garantizar la gobernabilidad está blindado por el artículo 262:

“En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento del intendente, ejerce sus funciones el presidente del Concejo. En la vacancia definitiva hasta que se elija quién ha de reemplazarlo…”.

La embestida opositora encontró resistencia dentro del propio recinto. La concejal Micaela Díaz (Ahora San Luis), única en oponerse a la resolución desestabilizadora, expuso la maniobra: “Creo que el pueblo ya eligió quién quería que estuviese al frente del Ejecutivo. Si bien hay tiempos que exige la Constitución, no hay un límite de cinco días para el llamado”.

Mientras el oficialismo defiende la continuidad institucional amparado en la ley, el PJ albertista deja en evidencia que su prioridad no es la paz social de Potrero de los Funes, sino asestar un golpe rápido para apoderarse de la caja de un municipio que los vecinos les negaron en las urnas.