LA CAUSA SUELA 13 AVANZA: LA FISCALÍA PUSO BAJO LA LUPA DOCUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN HISSA

La investigación por presuntas irregularidades vinculadas al complejo Suela 13 comenzó a sumar documentación oficial. La causa alcanza a Laura Sánchez y a funcionarias de la Municipalidad de San Luis, mientras la Justicia busca determinar qué ocurrió con la habilitación del predio y el suministro eléctrico.

La investigación judicial vinculada al complejo Suela 13 comenzó a avanzar con las primeras medidas de prueba dispuestas por la Unidad de Abordaje Fiscal.

El expediente PEX 497855/26 tiene su origen en una denuncia por presuntos delitos contra la administración pública y alcanza, según la información publicada sobre la causa, a Laura Vanina Sánchez, presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de San Luis, y a funcionarias de la administración del intendente Gastón Hissa, entre ellas la secretaria de Hacienda, Fabiana Malamud, y la contadora general municipal, Andrea Bustos Lucero.

Es importante remarcar que se trata de una investigación en curso: la existencia de una denuncia y la adopción de medidas de prueba no implican culpabilidad ni responsabilidad penal de las personas involucradas.

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS DE LA FISCALÍA

La Fiscalía libró oficios a EDESAL y a la Municipalidad de San Luis con el objetivo de comenzar a reconstruir administrativamente lo sucedido.

A la distribuidora eléctrica se le solicitó información relacionada con el suministro correspondiente al complejo Suela 13. De acuerdo con lo informado, esa documentación ya habría sido remitida e incorporada al expediente.

Al Municipio, por su parte, se le requirieron antecedentes relacionados con la habilitación del establecimiento.

Este punto resulta central porque una de las afirmaciones contenidas en la denuncia sostiene que el complejo habría desarrollado actividades durante aproximadamente un año sin contar con la correspondiente habilitación municipal.

Será ahora la documentación oficial la que permita determinar qué ocurrió, qué trámites existieron y qué intervención tuvieron las distintas áreas municipales.

EL SUMINISTRO ELÉCTRICO, OTRO DE LOS PUNTOS A INVESTIGAR

La causa tiene otro capítulo que podría adquirir relevancia a medida que avance la producción de prueba: el supuesto mecanismo utilizado para afrontar el suministro eléctrico del establecimiento.

Según la denuncia, habrían existido compensaciones vinculadas al pago de ese servicio. Sin embargo, esta cuestión deberá ser determinada judicialmente y, de acuerdo con la información disponible, todavía no formaría parte de los primeros requerimientos realizados.

Precisamente por eso, la respuesta de EDESAL puede transformarse en una pieza importante para reconstruir el circuito del suministro y contrastarlo posteriormente con la documentación contable y administrativa municipal.

LA RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD

Cuando las acusaciones se hicieron públicas, la administración municipal rechazó que el Municipio hubiera afrontado el suministro eléctrico de Suela 13.

La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, fue una de las funcionarias que expresó públicamente esa posición durante una conferencia de prensa.

El avance judicial introduce ahora un elemento diferente: la discusión deberá trasladarse de las declaraciones políticas hacia los documentos, registros administrativos y movimientos contables que pueda reunir la Fiscalía.

Si la documentación respalda la explicación municipal, será un elemento relevante para descartar parte de las acusaciones. Si, por el contrario, aparecen inconsistencias, la Fiscalía deberá determinar su naturaleza y las eventuales responsabilidades.

EL DOBLE ROL DE LAURA SÁNCHEZ

Uno de los aspectos políticamente más sensibles del expediente es la posición institucional de Laura Sánchez.

Además de su presunto vínculo con el emprendimiento mencionado en la denuncia, Sánchez ocupa la presidencia del Concejo Deliberante de San Luis, institución que tiene entre sus funciones controlar los actos del Departamento Ejecutivo municipal.

Esto no demuestra por sí mismo ninguna irregularidad, pero plantea un interrogante institucional sobre eventuales conflictos de intereses que adquiere mayor relevancia a medida que la investigación avanza.

La controversia también habría llegado al tratamiento de la Cuenta de Inversión, donde sectores opositores cuestionaron la información disponible respecto de las operaciones relacionadas con el caso.

DE LA DENUNCIA A LOS DOCUMENTOS

La diferencia sustancial respecto de las primeras semanas del caso es que la investigación comienza a ingresar en una nueva fase.

Hasta ahora, buena parte de la discusión estuvo dominada por acusaciones, desmentidas y enfrentamientos políticos. Los oficios ordenados por la Fiscalía permiten empezar a contrastar esas versiones con documentación producida por organismos públicos y empresas involucradas.

Quedan preguntas centrales por responder: ¿Suela 13 estaba correctamente habilitado? ¿Cómo se instrumentó su suministro eléctrico? ¿Existieron compensaciones? ¿Qué áreas municipales intervinieron? ¿Hubo algún beneficio irregular?

Las respuestas no pueden anticiparse.

Deberán surgir del expediente.

Pero la causa PEX 497855/26 ya comenzó a transitar ese camino: pasar de las declaraciones públicas a la reconstrucción documental de los hechos y determinar, finalmente, si existieron irregularidades y quiénes tuvieron responsabilidad en ellas.