UNA JUEZA BAJO LA LUPA: DENUNCIAS, DEMORAS Y DECISIONES QUE ABREN INTERROGANTES EN LA JUSTICIA DE FAMILIA DE SAN LUIS

Padres que aseguran haber quedado meses sin ver a sus hijos. Una madre que denunció un año de espera por alimentos. Reclamos contra medidas cautelares. Una abogada que sostuvo que la magistrada ni siquiera había interpretado correctamente un expediente urgente. Detrás de esos casos aparece reiteradamente un mismo nombre: Ana Alejandra Ponce Navelino, titular del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 4 de San Luis.

Hay expedientes que se leen como expedientes. Y hay otros que, cuando se colocan uno al lado del otro, empiezan a formular preguntas.

En San Luis, durante los últimos años, distintos ciudadanos llegaron a los medios de comunicación después de afirmar que no encontraban respuestas dentro de Tribunales. Padres, madres y abogados expusieron públicamente demoras, decisiones que consideraron arbitrarias y medidas judiciales que, según sus testimonios, terminaron profundizando conflictos familiares que precisamente debían ser resueltos por la Justicia.

En varios de esos relatos aparece Ana Alejandra Ponce Navelino, actualmente jueza de Primera Instancia del Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 4 de la Primera Circunscripción Judicial. Su cargo continúa registrado oficialmente por el Poder Judicial de San Luis. (SIAJUS)

No existe, al menos entre los antecedentes públicos localizados para esta investigación, una condena penal ni una sanción disciplinaria firme contra la magistrada. Tampoco eso elimina una pregunta legítima: ¿qué ocurre cuando diferentes familias, en distintos años y expedientes, describen problemas semejantes frente a un mismo juzgado?

Las primeras alarmas públicas

Las críticas no comenzaron ayer.

En julio de 2020, el medio alternativo La Bulla publicó una nota titulada “Violencia en el Juzgado de Violencia”, centrada en cuestionamientos a la dependencia entonces encabezada por Ponce Navelino. Cuatro meses después, el mismo medio volvió sobre el tema con “Otra vez violencia en el Juzgado de Violencia”, donde difundió el testimonio de una mujer que cuestionaba severamente la actuación judicial y la atención recibida. (La Bulla | Comunicación Alternativa)

No se trataba todavía del actual Juzgado de Familia Nº 4. Ponce Navelino había jurado como jueza de Violencia en 2019, junto con otras nuevas magistradas. (Periódico Judicial)

Pero los cuestionamientos públicos continuarían después de la reorganización del fuero.

Un expediente de alimentos durante un año

El 4 de marzo de 2023, La Bulla publicó otro caso.

Micaela Coria denunció públicamente que había iniciado el 9 de marzo de 2022 una demanda relacionada con la cuota alimentaria de su hijo y que, prácticamente un año después, seguía esperando una solución del Juzgado Nº 4.

El medio consignó incluso el número de expediente: 380714/22.

Según el relato de Coria, el expediente permanecía trabado mientras ella continuaba afrontando sola los gastos de crianza. Su cuestionamiento apuntaba directamente a Ponce Navelino y a los tiempos del juzgado. (La Bulla | Comunicación Alternativa)

Un expediente puede demorarse por múltiples causas procesales. Domicilios imposibles de localizar, notificaciones, planteos de las partes, informes pendientes.

Pero cuando hay un niño detrás de los papeles, el tiempo judicial también es parte del problema.

Un año para un expediente no significa lo mismo en una controversia comercial que cuando se discuten alimentos, cuidado personal o contacto con los padres.

Diez meses sin sus hijos y un padre encadenado a Tribunales

El 3 de noviembre de 2025, la protesta salió literalmente del expediente y llegó hasta las rejas del Poder Judicial.

Luciano García se encadenó en el ingreso a Tribunales.

Según publicó El Chorrillero, aseguraba que llevaba diez meses sin poder ver a sus hijos, de seis y tres años. Responsabilizó directamente al Juzgado de Familia y Violencia Nº 4, encabezado por Ponce Navelino, por la falta de respuesta. (El Chorrillero)

García sostuvo que había solicitado un régimen de comunicación y una revinculación. También afirmó que se habían dictado medidas cautelares en su contra sobre la base de denuncias de violencia que él consideraba falsas y sin una investigación suficiente. Esas afirmaciones pertenecen al padre y no constituyen por sí mismas hechos judicialmente comprobados. (El Chorrillero)

Hay, sin embargo, un dato particularmente relevante.

Según la misma publicación, García aseguró que la Defensoría Civil y la Defensoría de Niñez también habían realizado presentaciones dentro del expediente que, según su versión, permanecían sin respuesta. (El Chorrillero)

La imagen fue extrema: un padre encadenado frente al edificio donde esperaba obtener una respuesta sobre sus hijos.

La pregunta, detrás de la escena, resulta inevitable:

¿qué tiene que ocurrir para que una familia considere que encadenarse frente a Tribunales es la única manera de ser escuchada?

Pero también una madre denunció al mismo juzgado

Este punto resulta fundamental porque complica cualquier explicación simplista.

Si la hipótesis fuera que el problema del Juzgado Nº 4 consiste únicamente en favorecer sistemáticamente a las mujeres, existe por lo menos un antecedente público que obliga a revisar esa afirmación.

El 30 de noviembre de 2025, Rocío Páez, madre de un niño de cinco años, denunció ante El Chorrillero que llevaba casi un año sin verlo.

Según su relato, Ponce Navelino había determinado que el niño permaneciera con su padre. Páez sostuvo que desde enero había tenido una única audiencia y que posteriormente no obtuvo nuevas respuestas judiciales pese a sus presentaciones. También cuestionó que, según ella, no se hubiera realizado una Cámara Gesell ni una evaluación psicológica del niño antes de determinadas decisiones. (El Chorrillero)

El caso introduce una variable incómoda.

Las denuncias públicas recopiladas no muestran simplemente hombres denunciando una Justicia inclinada hacia las mujeres. También muestran una mujer diciendo exactamente lo contrario: que el juzgado favoreció al padre y dejó su reclamo sin respuesta.

Eso conduce hacia una hipótesis diferente y mucho más seria para investigar: no necesariamente un favoritismo automático determinado por el género, sino la percepción reiterada de falta de previsibilidad, demora y discrecionalidad en decisiones que alteran la vida cotidiana de niños y familias.

Esa hipótesis necesita datos judiciales para ser comprobada o descartada.

Cuando hasta una abogada acusó a la jueza de no leer correctamente un expediente

El cuestionamiento más reciente localizado trasciende incluso los conflictos entre padres.

El 30 de enero de 2026, El Diario de la República publicó el caso de una paciente oncológica que reclamaba a DOSEP el cumplimiento de una medida cautelar para acceder a medicación.

Ponce Navelino actuaba entonces como jueza subrogante del Juzgado de Familia Nº 3.

La abogada Susana Placidi sostuvo públicamente que la magistrada había interpretado erróneamente los plazos del expediente y que esa interpretación había impedido intimar inmediatamente a DOSEP a cumplir una cautelar relacionada con medicación oncológica. (El Diario de la República)

La acusación fue extraordinariamente grave por el contexto: no se discutía dinero, una propiedad o un trámite administrativo sino, según la letrada, el acceso urgente al tratamiento de una paciente con cáncer.

La versión corresponde a Placidi. No encontré una resolución disciplinaria que haya determinado que Ponce Navelino incurrió efectivamente en negligencia.

Pero vuelve a aparecer una palabra que atraviesa distintos reclamos:

tiempo.

Tiempo sin alimentos.

Tiempo sin ver a un hijo.

Tiempo esperando una audiencia.

Tiempo esperando una decisión.

Tiempo esperando un medicamento.

Del poder provincial a la magistratura

Existe además una dimensión política e institucional que merece ser examinada, aunque con precisión.

No surge de las fuentes públicas revisadas evidencia suficiente para afirmar que Ponce Navelino tenga actualmente afiliación partidaria, militancia política pública o que dicte sentencias siguiendo órdenes de una fuerza política determinada.

Eso no debe inventarse.

Lo comprobable es otra cosa.

Su llegada al Juzgado de Violencia atravesó el procedimiento político previsto para la designación de magistrados. En 2018, Ponce Navelino integró junto con Mariana Marhaba y Laura Juárez la terna elevada para ocupar el nuevo juzgado. El procedimiento requería que el gobernador seleccionara una candidata y remitiera la propuesta al Senado provincial. (La Bulla | Comunicación Alternativa)

Ponce Navelino finalmente juró como jueza en julio de 2019. (Periódico Judicial)

En aquel momento el Poder Ejecutivo provincial estaba encabezado por Alberto Rodríguez Saá, quien ese mismo año fue reelegido como gobernador por el Frente Unidad Justicialista San Luis. (ANSL)

Eso demuestra el contexto institucional y político de su designación, pero no permite afirmar, sin evidencia adicional, que la jueza sea políticamente dependiente del rodriguezsaaísmo o de cualquier otra estructura.

La diferencia es fundamental.

Investigar vínculos políticos significa reconstruir nombramientos, antecedentes profesionales, relaciones institucionales, intervenciones previas, apoyos y procedimientos de selección.

No significa reemplazar pruebas por sospechas.

¿Quién controla a quienes deciden sobre una familia?

El Juzgado Nº 4 administra una de las materias más sensibles que puede pasar por un tribunal.

No decide únicamente expedientes.

Decide dónde puede vivir un niño.

Cuándo puede ver a su madre.

Cuándo puede ver a su padre.

Quién debe alejarse.

Quién puede acercarse.

Cuándo corresponde revincular.

Cuándo una denuncia exige protección inmediata.

Y cuándo una medida cautelar debe mantenerse o levantarse.

El enorme poder que tiene un juez de Familia exige precisamente lo contrario de la arbitrariedad: criterios transparentes, decisiones fundadas, evaluaciones interdisciplinarias, tiempos razonables y control judicial efectivo.

Las publicaciones recopiladas desde 2020 no permiten afirmar que Ana Alejandra Ponce Navelino haya cometido un delito ni demuestran por sí mismas mal desempeño.

Pero tampoco pueden ser borradas.

Hay ciudadanos diferentes.

Hay años diferentes.

Hay expedientes diferentes.

Y aparece repetidamente el mismo juzgado.

La verdadera investigación debería comenzar ahora.

¿Cuántas resoluciones del Juzgado Nº 4 fueron apeladas?

¿Cuántas fueron confirmadas y cuántas revocadas por la Cámara?

¿Cuánto demora, en promedio, ese juzgado en resolver alimentos, cuidado personal y regímenes de comunicación?

¿Cuántos expedientes permanecen meses sin audiencia?

¿Cuántas medidas de restricción fueron dictadas y posteriormente levantadas por falta de elementos?

¿Cuántos niños llevan meses sin contacto con uno de sus progenitores mientras el expediente continúa abierto?

¿Existen quejas formales contra la magistrada ante el Superior Tribunal, el Consejo de la Magistratura o el Jurado de Enjuiciamiento?

Es allí donde una serie de testimonios puede convertirse —o no— en un patrón demostrable.

Porque en la Justicia de Familia una decisión equivocada no termina cuando se cierra el expediente.

Puede modificar una infancia entera.

Y cuando el Estado recibe la responsabilidad de proteger a un niño, la pregunta no debería ser qué progenitor “gana” una causa.

La pregunta debería ser mucho más elemental:

¿quién está protegiendo realmente al menor?