CASO ÁNGEL LÓPEZ: DENUNCIAN Y PIDEN SUSPENDER A LA PSICÓLOGA QUE AVALÓ LA TENENCIA MATERNA

El abogado Roberto Castillo accionó penalmente contra Jennifer Grisel Leiva, la profesional del Servicio de Protección que respaldó que el niño asesinado en Comodoro Rivadavia viviera con su madre. La acusan de incumplimiento de deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte.

El trágico asesinato del pequeño Ángel López en Comodoro Rivadavia suma un nuevo frente judicial, esta vez poniendo el foco sobre la responsabilidad institucional de los funcionarios que intervinieron antes del desenlace fatal. En las últimas horas, el abogado Roberto Castillo presentó una dura denuncia penal y solicitó la suspensión preventiva de la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, quien elaboró los informes que permitieron que el menor quedara bajo el cuidado exclusivo de su madre, Mariela Altamirano, actual detenida e imputada por el crimen.

La presentación judicial impulsada por Castillo consta de un petitorio de ocho puntos clave que exigen revisar de forma exhaustiva la actuación de Leiva dentro del Servicio de Protección de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. En concreto, la denuncia penal apunta a los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, emisión de informe pericial falso y abandono de persona seguido de muerte, todos en concurso real.

Medidas cautelares y revisión de legajos Para garantizar la transparencia del proceso y evitar un eventual entorpecimiento de las pruebas, el querellante exigió la inmediata suspensión de la psicóloga en sus funciones y reclamó que se le dicte la prohibición de salida del país hasta que se defina su situación procesal.

A su vez, el abogado solicitó el secuestro de todos los legajos personales y profesionales de la denunciada en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, en el Servicio de Protección de Derechos y en el Colegio de Psicólogos de Chubut. Como medida de fondo, pidió que se auditen todos los informes técnicos sobre revinculación familiar emitidos por Leiva en los últimos 24 meses y exigió la designación de un perito psicólogo forense independiente para analizar el expediente de Ángel.

Antecedentes de presunta negligencia El accionar de los equipos técnicos ya se encontraba bajo la lupa pública. Días después de conocerse el brutal homicidio del niño, la ONG Fundación Más Vida había denunciado tanto a Leiva como a su colega Vanesa Marín. Desde la organización civil advirtieron sobre una grave omisión en el proceso: las profesionales habrían avalado la entrega del menor a Altamirano sin haber realizado un informe socioambiental previo que evaluara las condiciones reales de la vivienda y el entorno en el que iba a residir.

Mientras la causa principal avanza sobre la responsabilidad directa de los adultos imputados por el homicidio, la Justicia deberá determinar ahora el grado de culpabilidad y las omisiones del Estado que, a través de sus áreas de protección, falló en garantizar la integridad y la vida de Ángel.