En una reciente declaración, la diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, Carolina Moisés, ha arrojado luz sobre el trasfondo de la propuesta de reforma constitucional en la provincia y ha acusado al gobernador Gerardo Morales de utilizar tácticas de extorsión para lograr sus objetivos.

Moisés sostiene que, detrás de la reforma constitucional, se encuentra el manejo de la industria del litio, un recurso estratégico de gran importancia en la región. Según la diputada, el gobernador Morales busca consolidar su control sobre la explotación de este recurso, lo cual le conferiría un poder considerable en la provincia. Moisés señala que si bien algunos artículos de la reforma han sido modificados, estos cambios no afectan la explotación de los recursos naturales ni los posibles atropellos que podrían cometerse en relación con ello.

Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma constitucional es el artículo 67, que prohíbe los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos. Moisés considera que esta medida es una "trampa" y una "cortina de humo", ya que el verdadero problema reside en el capítulo relacionado con la utilización de los recursos naturales. En este sentido, la diputada argumenta que las comunidades indígenas deberían tener el derecho de aprobar cualquier explotación de los recursos en sus tierras, ya que les corresponde.

Moisés destaca que, en la actualidad, la mayoría de las tierras pertenecientes a los pueblos originarios están registradas como terrenos fiscales, y el gobernador Morales busca modificar esta situación en perjuicio de las comunidades. Aunque la palabra "litio" no se menciona explícitamente en el texto de la reforma constitucional, la legisladora afirma que el manejo de los recursos naturales está estrechamente vinculado con la explotación de este mineral.

En relación a las denuncias del gobernador Morales sobre la presencia de infiltrados en las protestas, Moisés sostiene que los infiltrados eran, de hecho, agentes policiales que ya habían sido identificados por los comuneros el día anterior. La diputada también hace referencia a un video que circuló en las redes sociales, en el cual se observa a policías vestidos de civil entre los manifestantes. Moisés concluye su declaración afirmando que todas las acciones de Morales se basan en la extorsión, mencionando que se ejerce presión sobre los familiares de los comisionados municipales, amenazándolos con retener los fondos de coparticipación si no se levantan los cortes.

Las declaraciones de Carolina Moisés han generado un debate significativo en la provincia de Jujuy, poniendo de relieve las tensiones en torno a la reforma constitucional propuesta por el gobernador Gerardo Morales y su presunto impacto en el manejo de los recursos naturales, especialmente el litio. La postura de la diputada del Frente de Todos ha dado voz a las preocupaciones de las comunidades indígenas y ha puesto en cuestión la transparencia y los verdaderos objetivos de la reforma constitucional.

En respuesta a las acusaciones de Moisés, el gobernador Gerardo Morales ha defendido la reforma constitucional como una medida necesaria para garantizar la paz social y el desarrollo de la provincia. Morales ha afirmado que la prohibición de cortes de rutas y calles busca evitar situaciones de conflictividad y asegurar el normal funcionamiento de la sociedad. Respecto a los artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios, Morales ha señalado que se reconsiderarán debido a las dudas planteadas por las comunidades indígenas, buscando llegar a una redacción que satisfaga a todas las partes involucradas.

La controversia en torno a la reforma constitucional en Jujuy refleja las tensiones existentes en muchas regiones donde hay una riqueza de recursos naturales. La explotación de estos recursos puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y en las comunidades locales, especialmente las comunidades indígenas, que a menudo tienen una relación ancestral con la tierra. La necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección de los derechos de las comunidades y la preservación del medio ambiente es un desafío complejo que requiere un diálogo inclusivo y respetuoso entre todos los actores involucrados.

A medida que el debate sobre la reforma constitucional en Jujuy continúa, es fundamental que se escuchen todas las voces y se consideren las preocupaciones legítimas de las comunidades indígenas y otros sectores involucrados. La transparencia en el proceso de toma de decisiones, así como la participación activa de todos los actores relevantes, son fundamentales para garantizar que cualquier cambio constitucional respete los derechos y las aspiraciones de todos los ciudadanos de la provincia.

El caso de Jujuy también resalta la importancia de un debate informado y basado en la evidencia, donde las discusiones se centren en los impactos reales de la reforma constitucional y en la búsqueda de soluciones que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de todas las partes involucradas.

Fuente: Télam.