Florencia Magali Morales fue detenida por la policía en plena etapa de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en Argentina por incumplir la cuarentena. Un video muestra que ingresó a la comisaría por propia voluntad. Sin embargo, la joven fue vista por última vez en la comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara y poco después se reportó su muerte.
Desde entonces, su familia ha luchado por esclarecer los hechos. Aseguran que la víctima no habría tenido motivos para suicidarse y que, además, había manifestado que quería salir de la comisaría. En contraste, la Justicia de San Luis dio lugar a la versión oficial que caratuló como suicidio.
La causa penal sigue estancada y la familia de la víctima espera conocer novedades al respecto. Mientras tanto, se han tomado medidas disciplinarias contra algunos de los policías involucrados. El gobierno de San Luis decidió la cesantía del comisario Reinaldo Clavero, el subcomisario Marcos Ontiveros, la suboficial Eugenia Arguello y la agente Victoria Torres al considerar que cometieron “faltas disciplinarias gravísimas”.
Además, se abrió un sumario contra otros oficiales, como Héctor Mansilla, Patricia Ríos y Julio Busto, por “omitir normas protocolares de custodia y traslados de detenidos”. El inspector Gabriel Tarado fue sancionado con 30 días de suspensión.
Para la familia de Florencia Magali Morales, estas medidas disciplinarias son solo un “pasito más” en su lucha por justicia. Aseguran que la causa penal sigue sin avances significativos y que es necesaria una investigación profunda y transparente para esclarecer lo que sucedió en la comisaría del Distrito 25° de Santa Rosa del Conlara provincia de San Luis en abril de 2020.
Este caso ha generado debate sobre el uso de la fuerza policial en Argentina, así como sobre la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y el acceso a la justicia para todas las personas. La lucha de la familia de Florencia Magali Morales por esclarecer lo sucedido en la comisaría sigue siendo una llamada de atención sobre la importancia de investigar con rigurosidad los casos de presunta violencia institucional.
